Ciudades 3.0

Ciudades 3.0

Esta semana que recién terminó tuve la gran dicha de poder participar en el evento “Ciudades Inteligentes, las personas primero”, organizado por la Escuela de Negocios de Copenhague y la Universidad de Aalborg, en la capital danesa, Copenhague. Además de la gran riqueza conceptual del intercambio académico y de las más recientes ideas sobre el tema, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre muchos de los desafíos de las ciudades en este siglo XXI. Es por eso que he decidido dedicar mi columna de hoy al tema de ciudades inteligentes.

Es cada día más común escuchar hablar sobre grandes datos, inteligencia artificial, sensores remotos, robótica y por supuesto, toda una nueva generación de aplicaciones informáticas en la nube y utilizando la información abierta, que los distintos países o ciudades ponen a disposición para el desarrollo de servicios inteligentes. Herramientas y tecnologías nuevas que se aplican para el control inteligente y remoto de la electricidad, la energía en general, el agua, la seguridad, la movilidad de las personas, la salud, la educación, la cultura, et. En el marco de la creciente y cada día más compleja vida en las ciudades, a lo anterior se le conoce como aplicaciones para “Smart Cities” o ciudades inteligentes.

La ciudad inteligente no es una ciudad sin personas o una visión tecnológica de luces y sensores que se interconectan, para un gran centro de datos e información. Dicha visión, esencialmente tecnológica, que venden con frecuencia las grandes empresas de consultoría o las transnacionales de la informática de hoy no es, ni debería ser a mi juicio, el enfoque costarricense para referirnos al tema de ciudades 3.0. Las ciudades inteligentes deben promoverse como plataformas abiertas que permitan la innovación con el uso creciente de datos abiertos, con soluciones y aplicaciones tecnológicas que resuelvan temas cruciales de la vida de las personas en las ciudades. Elementos sustantivos como el tema de seguridad, sostenibilidad ambiental, cultura, deporte, movilidad, accesibilidad y por supuesto, participación local y comunitaria; deben estar en el centro de la atención por quienes están a cargo del tema en nuestras ciudades.

Ciertamente, con la llegada de las nuevas tecnologías 5G y de la internet en la nube, las oportunidades de novedosas aplicaciones en múltiples campos pueden darnos o muchas satisfacciones o crecientes dolores de cabeza. La adecuada regulación y gobierno de dichos procesos es vital para evitar fracasos en esta primera oleada de cambios. Las localidades deben usar lo mejor del talento disponible y apoyarse en comités locales o municipales que asesoren a los gobiernos locales en la implementación, regulación y diseño de las estrategias para las ciudades 3.0; hacerlo en forma que exista integralidad y adecuada coordinación de las aplicaciones, datos abiertos y seguros que no restrinjan las libertades básicas de las personas, mejora y aprendizaje a partir de aplicaciones que se retroalimenten con las percepciones del ciudadano y sobre todo, mucho sentido común. Se trata al final del día, de ayudarle a las ciudades a enfrentar los desafíos de mayor inclusión, seguridad, sostenibilidad y accesibilidad que les permitan ser más competitivas y sobre todo, lugares de mejor calidad de vida para las personas.

Entendidas de esta forma las ciudades 3.0 son una gran oportunidad para el fortalecimiento del desarrollo local, de la democracia y de la mayor participación ciudadana en la solución de sus problemas más apremiantes. Los invito a mis lectores a mirar con entusiasmo pero con inteligencia este nuevo mundo dónde se nos habla de parqueo inteligente, movilidad inteligente, educación y salud inteligente. Les recuerdo también, que todo ello puede ser inteligente si de verdad tenemos personas capaces de usar las tecnologías en forma inteligente. El enfoque de personas primero significa que todo este proceso debe de partir de las personas y del fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de las mismas, elemento central para el éxito de la Costa Rica 3.0.

Dr. Leiner Vargas Alfaro

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La salud en la sociedad 3.0

No es de extrañar que tengamos cada ves más personas centenarias conviviendo con nosotros y en general, el perfil de enfermedades de este siglo XXI es muy diferente a lo que existía en el siglo anterior. La vida en ciudad y los nuevos hábitos alimenticios, el cedentarismo, la contaminación y sobre todo, la accidentabilidad producto de los obstáculos a la movilidad, son muchas veces los causantes de las principales muertes y accidentes que afectan a la población de nuestro tiempo. Por supuesto, la exclusión, desnutrición y pobreza en la que vive casi un tercio de nuestra niñez, provocan una mayor vulnerabilidad ante virus, bacterias y todo tipo de enfermedades ya resueltas por la medicina de nuestro tiempo para el resto de las personas. Es así como, el acceso a la salud integral –preventiva, diagnóstica y curativa- es un derecho humano vital para la calidad de vida de la sociedad del siglo XXI.

El excesivo centralismo y dominio de los gremios médicos en los modelos de atención de la salud ha provocado que los cambios que requiere el modelo de salud en la sociedad 3.0 se tarden y se den a cuentagotas, más producto de la oferta que de la demanda del sistema. Me refiero a los cambios en la atención médica y la gestión del sistema de salud, que claramente se han quedado en el siglo XX. Un ejemplo de ello es para Costa Rica, el proyecto de expediente médico digital, que lleva dos décadas de diseño y ejecución, con el gasto de muchos millones de dólares y sin resultados palpables. Este básico instrumento, cuál es tener al día y accesible el expediente de cada ciudadano en forma digital, ha ido y venido sin ton ni son más entre ingenieros industriales y administradores de tecnología, lamentablemente con mucho entusiasmo pero con poco sentido común.

Diseñar un sistema que inicie en el siglo XXI con los ciudadanos del milenio hubiese permitido que al día de hoy estaríamos al día, pero querer llenar de basura los sistemas con expedientes de personas que muy probablemente han muerto en los años que lleva el proyecto, fue un sinsentido. Claro, para tener un expediente ciudadano de uso médico digital e inteligente, se requiere tener médicos también dispuestos y formados en la cultura digital 3.0, lo que no parece difícil, cuando vemos que ya en sus propios consultorios privados lo hacen. Sin embargo,  cuando atienden en la CCSS su letra es ilegible, como si quisieran no permitirle al paciente leer lo que el básico sentido común dicta se le receta. Tampoco se le permite al paciente, evaluar al médico en su atención, cómo si se les exige hoy a los taxistas al estilo UBER o GAVITY. Si pensamos por un momento que el incentivo de la anualidad de los médicos, mayor al 5 por ciento por año por cierto, dependiera de que sus pacientes lo evaluaran al menos 4 estrellas en promedio, creo que más de uno se quedaría sin incentivo, no les parece.

Muy necesaria es la incorporación de tecnología en el sistema de salud, pero más necesario es un cambio de actitud y de gestión a favor de las personas, generando más transparencia sobre la labor realizada, los procedimientos médicos, la productividad del sistema y por supuesto, la ética con que se gestiona y administra nuestros distintos estamentos del sistema de salud.  El ciudadano 3.0 requiere una salud cada vez más acorde a sus tiempos, mayor acceso a las ventajas de vivir en un mundo de grandes avances científicos en casi todos los aspectos de la vida y la medicina. Ciertamente todos queremos vivir más y mejor, pero sobre todo, se requiere generar condiciones para tener equidad en el acceso, servicios de calidad y alta cobertura.

En un sistema centralizado, capturado por los gremios, con escasa transparencia y lleno de corrupción, es más difícil virar hacía una salud 3.0. Las reformas urgentes en la institucionalidad que requiere el país no es para mantener financieramente a un elefante blanco, algo que se puede sostener por una década, quizás dos. El verdadero reto es repensar el sistema de salud a la luz de los cambios que enfrentaremos en la economía y la sociedad del siglo XXI. No se trata de más hospitales o clínicas o de nuevas maquinarias carísimas en cada departamento únicamente, lleva consigo un cambio en la forma y el contenido de la dotación de los servicios de salud a la población.

Así las cosas, la salud en la sociedad 3.0 está íntimamente asociada con los estilos de vida de las personas, la planificación de los entornos urbanos, la movilidad, las nuevas modalidades de trabajo, la educación y por supuesto, el perfeccionamiento de nuestra democracia. Un papel central en dicha reforma es de quién demanda, es decir, del ciudadano y como tal, la reforma debe de repensarse con mayor cuidado, las modalidades de servicio deben de favorecer al usuario no al médico, la evaluación debe ser integral e inteligente y servirle a ambos, usuario y proveedor, la medición de la productividad es y debe ser un hecho palpable. Si así lo fuese, seguramente nos dejaría de preocupar tanto las finanzas y el gasto en salud y nos ocuparía la provisión adecuada y de calidad de los servicios.

Dr. Leiner Vargas Alfaro

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La regulación de la internet y la sociedad 3.0; Porqué falla el modelo regulatorio de SUTEL?

Las telecomunicaciones son un tema central en la sociedad 3.0 y en particular, la internet. Es relevante entonces preguntarse; ¿Por qué falla el modelo regulatorio de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica (SUTEL)? Debo decirles que la principal causa se encuentra en un mal diagnóstico sobre los mercados relevantes y la existencia, de competidores más no competencia, en el mercado. Paso a explicar en detalle mis argumentos.
La SUTEL fue creada como un banco de tres patas, la primera, su papel en el control y seguimiento del espectro, algo que anteriormente realizaba la Oficina Nacional de Radio, en lo sustantivo y con la coordinación realizada con el nuevo Viceministerio de Telecomunicaciones dicha función ha sido bien llevada, no sin carecer aún de definiciones claras para la segmentación y liberación de nuevas áreas del mismo.
Una segunda función fue la de implementar el FONATEL y poner a funcionar los mecanismos de solidaridad en el servicio que ya no serían ofertados por el ICE, sino que debían implementarse por un ente alterno en coordinación con el Viceministerio de Telecomunicaciones y siguiendo el Plan Nacional de Telecomunicaciones como marco de referencia. Esta segunda función ha sido mediocremente ejecutada por SUTEL con grandes costos de aprendizaje institucional y una gran carga de dispersión de los reguladores involucrados, por supuesto con rezagos enormes entre lo planeado y lo ejecutado.
La tercera y fundamental pata del banco de Sutel era la función de convertirse en un ente técnico encargado de regular precios y calidad en los mercados relevantes de telecomunicaciones, involucrándose no solo en telefonía, sino en todos los servicios adicionales de valor agregado asociados a las redes privadas de datos y por supuesto, lo referente a los servicios de Internet, televisión por cable y otros más.
Esta función requería la definición precisa y clara de los mercados relevantes de telecomunicaciones y la identificación y definición de una metodología tarifaria, que garantizara una trayectoria de precios cercana a la curva de costo medio de largo plazo de la industria.
Es precisamente en este ámbito donde falla estructuralmente la Sutel. En primer momento y como mecanismo de salida, se definió una metodología tarifaria de precios tope, que debería revisarse una vez que se lograra con precisión la identificación, definición y estructura de los mercados relevantes.
Este tema ha sido una piedra en el zapato para la Sutel y ha sido escasamente estudiado y muy débilmente definido, esencialmente por la poca formación económica y regulatoria de los cuadros de mando de Sutel y el desinterés creciente de la Aresep, de poner en orden a su hijo pródigo, la Sutel.
Paralelamente al proceso anterior, se deberían crear las competencias técnicas en los cuadros heredados de la anterior dirección de Aresep y los nuevos funcionarios contratados por Sutel para atender las funciones de seguimiento de este nuevo esquema tarifario. Este tema fue muy débilmente definido, la Sutel tiene un claro desbalance entre funcionarios administrativos y de control de calidad, con un claro faltante de personal regulatorio con competencia para entender y regular apropiadamente la industria de telecomunicaciones de hoy. Este desbalance hace que el banco esté renco en la parte más sensible del sistema tarifario, las competencias técnicas y regulatorias para la implementación del modelo tarifario de precios tope.

Dicho modelo requiere una definición precisa de los mercados relevantes para evitar que los costos sean transferidos entre servicios o que algunos servicios se deterioren a consecuencia de precios topes en otros. Este es el caso exacto de lo que sucede con la Internet móvil y el servicio celular tanto pre como postpago. Hago la aclaración para aquellos incautos e interesados de la industria, que no es la modalidad de pago lo que alterna la eficacia o eficiencia del servicio, en esto estoy totalmente en desacuerdo con algunos funcionarios del ICE y de Telefónica, que han dicho que el problema es la modalidad de pago en Internet móvil postpago. En gran parte de los países donde se ha usado el modelo de pago por descarga en celulares, lo que se ha generado es una gran explotación y abuso en el excedente del consumidor local y la acumulación indebida de beneficios extraordinarios en las empresas dominantes de la industria. Se ha generado un excesivo uso de la propaganda comercial y creado confusión más que competencia entre los operadores. Los países más exitosos han seguido una curva decreciente de costos que ha permitido reducciones sustantivas en la tarifas de Internet móvil. Para muestra, lo que sucede con el Internet prepago, hoy en día diez veces más caro que el costo del mismo y no por ello, es de mejor calidad en Costa Rica. El servicio postpago es de pésima calidad y no cumple con los términos de los contratos realizados.
El problema es que la Sutel debió definir parámetros de costo internacional a través de un mecanismo de mejor marca que permitiera ir definiendo apropiadamente la reducción del precio tope conforme se fueron dando los saltos de la segunda a la tercera y de la tercera a la cuarta generación de celulares inteligentes. Es lamentable que la Sutel se quedara anclada en la segunda generación y por lo tanto, su control de calidad y seguimiento de precios sobre costos irreales sigue anclado en 2005. También es claro que los operadores de telefonía no han actuado generando competencia, sino que se han acoplado a un modelo de oligopolio de nefasto resultado para el consumidor.
En la actualidad, el modelo tarifario ha sido rebasado por la realidad, los precios tope definidos en prepago y postpago son excesivamente altos y no generan mayor presión e incentivos a competir y además, tenemos un control lapso de calidad fundamentado en una falta de definición de los mercados relevantes. Falta acotar que existe incumplimiento total de los compromisos de revelar información clave de costos por parte de las empresas reguladas y una gran rezago en la inversión para atender la convergencia al Internet móvil, como servicio que ha terminado siendo la joya de la corona en el mercado de telecomunicaciones de hoy.
Así las cosas, la tarea para corregir este entuerto regulatorio requiere repensar el sistema regulatorio, redefinir las competencias de la SUTEL y su gobernanza y sobre todo, fortalecer la competencia no solo con más competidores, sino con un claro modelo de precios tope para los mercados relevantes. Todo lo anterior requiere mayor inteligencia regulatoria, algo que al parecer es el bien más escaso en la actual estructura y conformación de la SUTEL.  

Dr. Leiner Vargas Alfaro
Economista
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